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Por Marcial González Besa |Profesor Escuela de Negocios – Grupo Innovación, emprendimiento y sustentabilidad|Universidad Adolfo Ibáñez
Un tema que está sobre la mesa de discusión en la actualidad es la Ley sobre el Pago Oportuno que regula el plazo de pago máximo hacia las empresas de menor tamaño, llamada actualmente “Ley de Pago a 30 días”.
De acuerdo al Ranking de Pagadores que realiza la Bolsa de Productos en conjunto con la Asociación de Emprendedores de Chile – ASECH A.G, en su informe correspondiente al segundo trimestre de 2018, se señala que el plazo efectivo de las facturas emitidas por Pymes fue de 49 días promedio, bajando de los 55 días promedio que existía al segundo trimestre de 2017; esto sin considerar en el ranking al peor de los pagadores, el Estado.
A pesar de esta mejora en el ranking, todavía existe un 40% de las micro, pequeñas y medianas empresas a las que se les paga a más de 60 días desde la fecha de facturación, existiendo algunas que sobrepasan los 90 o 120 días y más.
Todo lo anterior, sin considerar un detalle no menor, estos plazos se cuentan desde la fecha de recepción de factura, por lo tanto estamos dejando de lado que entre la entrega del producto o la prestación del servicio hasta la emisión de la factura, puede pasar bastante tiempo: Muchas empresas de gran tamaño han hecho habitual el “chutear” la orden de compra para así dilatar la facturación.
En mercados poco atomizados como nuestro país, en donde pocos actores dominan industrias, las asimetrías de poder, redes, financieras y de información se hacen más patentes y frecuentes, afectando a la micro, pequeña y mediana empresa desde etapa temprana hasta estados avanzados de desarrollo, lo que en varios casos les ha ocasionado el cierre y/o quiebra (un análisis importante de esto lo entrega el Manual de Defensa del Emprendedor realizado por DEFEM – ASECH, 2014).
Pero en este bosque lóbrego, existen algunas grandes empresas que sí comprenden la necesidad de articular el valor compartido en conjunto con su Responsabilidad Social Empresarial (R.S.E.), lo que implica también ocuparse de esta realidad siendo un actor de cambio que no necesita una ley para que se ejecuten pagos a plazos razonables, pero son las menos todavía.
Es precisamente en torno a esta discusión de plazos, procedimientos, sanciones e incentivos, donde hay una tremenda oportunidad para el gran empresariado privado y la gran empresa pública del Estado de poder establecer nuevas directrices éticas y consuetudinarias en su convivencia con la pequeña y mediana empresa, ¡que pueden comenzar hoy mismo! ¡Sin necesidad de ley!
Independiente de las modificaciones a la ley y a los tiempos propios que tomará este proyecto para convertirse en ley, podrían articular desde ya políticas de agencia interna y externa que signifiquen los cambios y mejorar para sus plazos de pago con la pyme. Hay negocios en los cuales en 7 días ya se cerró el ciclo productor-vendedor-consumidor, por lo que hablar de 10 o 15 días no es exagerado en un mercado donde muchas de las transacciones son electrónicas. Querer es poder, poder se transformará en una obligación, obligación es conectar la R.S.E. con la realidad de la pyme.
Como todo cambio cultural, empujado por cambio regulatorio, generará discrepancias y problemas de entendimiento al comienzo, pero miremos el vaso medio lleno con la convicción que estos cambios configurarán nuevas formas de hacer negocios, aunque suene cliché la clásica frase de “emparejar la cancha”, estas son las acciones que permitan que se disminuyan las asimetrías y que reconfiguremos una nueva forma de convivir entre grandes, medianas y pequeñas empresas.
Es tremendamente necesario que la gran empresa revise las buenas prácticas internacionales al respecto, ver si los cambios efectuados por el ejemplo anteriormente citado y otros que existan en el mercado comparado serían los adecuados para nuestra realidad y cultura, que ojalá se dialogue activamente con todos los interlocutores que tienen mucho que aportar: Empresa grande, mediana, pequeña, micro, asociaciones gremiales pro emprendedores, entidades pro empresa, agencias de gobierno, gobierno central, cámaras locales y por supuesto, la academia que en sus distintos grados de vinculación con los ecosistemas tiene mucho que decir, sobre todo en una Escuela de Negocios como la de la Universidad Adolfo Ibáñez, en donde existe la riqueza de contar con docentes emprendedores, empresarios, académicos e investigadores con mirada amplia e inclusiva.
