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El Presidente de la Asociación de Isapres de Chile asegura que es necesario reformar el sistema, sin embargo, reconoce que ha faltado voluntad política para concretarlo.
Por Ana María Cuneo
El actual Presidente de la Asociación de Isapres de Chile, Rafael Caviedes, ha desempeñado importantes cargos relacionados con el sector sanitario, tanto en el ámbito público como privado. El Máster en Economía y Administración de Empresas del IESE Business School de la Universidad de Navarra fue Director Nacional de FONASA y de la Central de Abastecimientos, además de Presidente Ejecutivo de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios S.A. y Gerente General de Isapre Masvida. En sus 30 años de experiencia profesional, destaca también su desempeño como Director de la Asociación Latinoamericana de Medicina Privada (ALAMI) y el haber participado en varias Comisiones Presidenciales para la Reforma de la Salud en Chile.
Desde enero de 2015, preside la agrupación que reúne a las administradoras privadas de las cotizaciones obligatorias destinadas a la atención sanitaria de los trabajadores, un gremio que no tuvo un año exento de problemas, tras haber tenido que enfrentar -y perder- cientos de demandas de sus cotizantes, en respuesta a los intentos por incrementar los valores de los planes de salud. Sin embargo, el cierre de año parece haber dado un respiro al sector, pues hasta septiembre de 2016, obtuvieron ganancias por más de $28 mil millones, lo que representa un incremento de 42,5% respecto del mismo período del año anterior.
¿Cómo evalúa el año que enfrentaron las Isapres?
Sin desconocer que hay problemas, es un gran orgullo que las aseguradoras privadas de salud sigan siendo preferidas por los chilenos, lo que se refleja en el crecimiento anual sostenido, tanto de cotizantes como de beneficiarios. Los usuarios reconocen que en el sector privado las atenciones son entregadas en forma oportuna, con calidad y de manera eficiente. En otras palabras, los problemas de salud son resueltos y cubiertos financieramente por las Isapres. Sin embargo, el no poder aún lograr una fórmula que valide los ajustes de precios anuales -permitidos por ley- ante la ciudadanía y ante los jueces, complica al sistema, pues los costos de la medicina seguirán subiendo y ese fenómeno hay que enfrentarlo con una modificación legal.
¿Cuáles son los principales desafíos del sistema?
Si no se enfrenta el tema de las alzas de valores, alguna Isapre se podría ver afectada financieramente o se podrían producir deterioros en la calidad de los servicios. Asimismo, hoy no es tolerable, aunque exista evidencia actuarial de las diferencias de gastos, que las mujeres paguen más que los hombres, y los adultos mayores más que los jóvenes. También hay que avanzar en un plan universal o garantizado que sea más fácil de comparar y que permita otor gar mayor movilidad a la tercera edad y enfermos dentro de la industria. Y finalmente, las licencias médicas son un dolor de cabeza para Isapres, Fonasa y empleadores. Ellas deben ser administradas por un seguro diferente a las entidades nombradas anteriormente. Todos estos son cambios profundos al modelo de aseguramiento, que estamos dispuestos a enfrentar si algún gobierno decide dar el paso.
¿A qué se debe la crisis por la que atraviesa el sistema de Isapres en Chile?
Todos los sistemas del mundo enfrentan una fuerte crisis asociada a costos en salud que crecen sostenida y fuertemente, impulsados por el envejecimiento de la población, los avances en las tecnologías médicas y pacientes que demandan cada vez más y mejores prestaciones. Esta presión se traduce inevitablemente en un alza de precios de primas, en los casos de los seguros privados, mientras que en los públicos, el ajuste viene a través de las listas de espera, a pesar de que el presupuesto de salud pública crece en forma real un 10% al año.
En el caso de las Isapres, el gran problema que enfrentamos es el descontento de los usuarios frente a las alzas anuales de prima, pero que son necesarias para cubrir costos que se incrementan de forma anual. En los últimos 5 años, los gastos en salud (prestaciones más pago de licencias médicas) del sistema Isapre han escalado en promedio un 7% real anual, con un fuerte aumento en el gasto asociado a pago por Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) de un 10% real anual promedio.
¿Cómo ve los procesos de judicialización que enfrentan las Isapres?
Desde 2007, las Cortes de Apelaciones comenzaron a aceptar recursos de protección (RR.PP) interpuestos por los cotizantes del sistema Isapre, con el fin de frenar las alzas de los precios base de sus planes. Los jueces han resuelto -en su mayoría- a favor de los beneficiarios, no solo deteniendo el incremento, sino que además, condenando el pago de las costas judiciales a las Isapres, creando un mercado de pleitos judiciales de alta rentabilidad para un grupo de abogados. Las razones invocadas por las Cortes para acoger los RR.PP se refieren principalmente a que la facultad legal que tienen las Isapres para aplicar estas alzas anualmente se ejerce en forma arbitraria, considerando que es un incremento unilateral y que no se basa en parámetros objetivos y comprobables, informados a cada afiliado en la carta de adecuación del precio del plan.
El problema es que la misma ley establece que -independiente de su gasto- las alzas deben ser iguales para afiliados a una misma Isapre, pues introdujo solidaridad, por lo que el incremento se realiza en base al pool de riesgo (gasto) de la cartera.
¿A cuánto ascienden los costos que ellos implican para las Isapres?
Los recursos de protección han crecido exponencialmente hasta 130 mil en el 2015, lo que implicó un costo solo por concepto de costas, cercano a los $21.500 millones. Para este año, se estima que cerca de un 11% de la cartera estará judicializada, con lo que las cifras relacionadas a las costas, podrían sobrepasar los $30 mil millones.
¿Cree que el Gobierno está impulsando un sistema de salud único para toda la población?, ¿qué rol le cabría al sector privado en ese escenario?
Hay un sector dentro del Gobierno que le gustaría que se avanzara hacia una “Gran Fonasa” o un sistema único en salud. Esto nos parece inviable financieramente, ya que es inadecuado que el Estado deba costear la salud a personas que pueden hacerlo por sus propios medios. En este caso, es mejor que se concentren los esfuerzos en atender de mejor manera a la población más vulnerable del país.
La existencia de seguros de salud ha generado una amplia gama de prestadores, muchos de ellos enfocados a segmentos de ingresos medios y bajos. Al poner fin a las Isapres, solo las personas de estratos socioeconómicos altos podrán acceder a seguros privados, distintos a Isapres, o pagarán la atención privada a un precio mayor, lo que hará desaparecer la oferta de prestadores dirigidos a segmentos medios-bajos. Con esto quiero decir que la creación de un seguro único estatal generaría más desigualdades e inequidades dentro del sistema.
La ley de Isapres se gestó en la década de los `80. A su juicio, ¿está obsoleta?
La última gran modificación se realizó en 2005, cuando se obligó a Fonasa e Isapres a entregar cobertura a eventos de salud priorizados (GES, Garantía Explicita en Salud). Todo está vigente, pero ha faltado voluntad política para modernizar el sistema, porque es un tema muy complejo. Reformar al sistema privado implica, de algún modo, hacerse cargo del sistema público también, además de aumentar la libertad de elección de la gente y crear mecanismos de compensación de riesgos, lo que requiere de recursos y enfrentarse a gremios de la salud pública, lo que puede tener un alto costo político para quien decida hacer una reforma.
Respecto de la reforma que se realizó en 2005, ¿cree que no está bien especificada en cuanto a que restablece un proceso de adecuación de las tarifas, dando espacio a una interpretación del poder judicial, potenciando procesos de judicialización como el que enfrenta el sistema?
Efectivamente. En dicha modificación no se incorporó adecuadamente el mecanismo de adecuación de precios, lo que ha generado el conflicto actual. Las Isapres, con tal de solucionar este problema, han entregado soluciones técnicas a la Superintendencia de Salud, como un mecanismo que norme la facultad de adecuación de precios de los contratos, incorporando a un panel de expertos, para que éste vise dichos cambios. No obstante, no ha habido voluntad política para afrontarlos.
