Contaminación ambiental: mucho más que un problema de ventilación

Santiago vive días grises y comprobarlo es muy simple, basta con subir a una azotea o mirar por la ventana. Pero en torno a esta problemática, que también afecta a otras ciudades como Coyhaique, Osorno y Talca, hay aristas económicas, científicas y climáticas que -por su complejidad- no son posibles de abordar desde una mirada cortoplacista. Los paliativos no sirven para resolver una situación de emergencia que tiene más de 100 años.

Por Virginia Lira Videla

La contaminación atmosférica que afecta a la ciudad de Santia­go es preocupante. El problema ha captado ampliamente la atención de los medios y con ello, la ciudada­nía también manifestó su preocupa­ción por la calidad del aire que a dia­rio respira. De la misma forma, las autoridades tomaron acciones en el asunto y tras 5 pre emergencias se­guidas, se reestableció la emergen­cia ambiental para la capital, luego de 16 años sin ser decretada.

Santiago es una cuenca natural con mala ventilación, que recibe las emi­siones de la V y VI regiones, además de los contaminantes producidos en el sector urbano y rural de la capital.

La situación más grave se desprende de la cantidad de PM 2,5 (partículas en suspensión que se encuentran presentes en el ambiente) que se respiran a diario, ya que en resumen, son un cóctel de hollín, aerosoles or­gánicos y óxidos de nitrógeno, que afectan gravemente la salud.

Esta situación se agrava en invier­no y aún más si se enfrenta un año seco. Pero, ¿realmente vivimos bajo un manto de gases irrespirable?, ¿no ha mejorado la situación en 30 años?, ¿paralizar las industrias, la cir­culación vehicular y los calefactores a leña, descontamina efectivamente la ciudad?

El director del Centro Mario Molina en Chile, Gianni López, explica cuál es el real nivel de información que tene­mos sobre la calidad del aire y cuáles son las medidas estructurales efecti­vas para reducir las cifras actuales.

“Estimamos que para descontami­nar Santiago se deberían gastar en los próximos 5 años, US$700 millo­nes, de los cuales el 50% correspon­den a inversión pública y el resto a privada, sin considerar los costos en salud que son mucho mayores que eso”, afirma el experto.

Pero no todas son malas noticias. “En la capital, desde 1989 existe una red que monitorea la calidad del aire. Por aquel entonces, se compra­ron instrumentos capaces de medir PM10 y PM2,5, y si bien eran básicos y manuales, permitieron construir una historia del comportamiento de estas partículas y recopilar informa­ción importante sobre los niveles presentes en el ambiente. Por ejem­plo, Buenos Aires y Montevideo no cuentan con esta tecnología y -por lo mismo- para nosotros es cuestiona­ble la aseveración de que Santiago se encuentra entre las ciudades más contaminadas de América Latina, porque no existe información contra la cual compararla. Durante el go­bierno de Sebastián Piñera, por pri­mera vez hubo una norma sobre el material particulado de 2,5, pues an­tes se hacía la medición del aire con­siderando el PM10”, explica Gianni.

En la década del ’90, el nivel de conta­minación superaba al de hoy, y de la mano del crecimiento económico se ha podido reducir, en una curva inver­samente proporcional (ver gráfico).

Incluso las estadísticas de mortalidad han disminuido considerablemente. En 1997, de cada 100 personas falleci­das en Santiago, cerca de 14 o 15 eran por causas derivadas de la mala cali­dad del aire. A fines de la década pa­sada, esta cifra se redujo a la mitad.

Medidas estructurales

Trinidad Lecaros es economista del Instituto Libertad y durante los últi­mos meses ha trabajado arduamente en levantar un informe sobre la con­taminación atmosférica en Santiago.

Para la profesional, en el plan de des­contaminación que se preparó para Santiago, hay ciertas medidas que fueron tomadas sin tener estudios que las justifiquen de manera certera. Una de ellas es la prohibición del uso de leña como combustible, argumen­tando que el 49% del PM2,5 proviene de esta fuente. Sin embargo, a los investigadores del Instituto Libertad la cifra no les resultaba lógica, por lo que realizaron su propio estudio.

Éste determinó que en la RM exis­ten cerca de 101 mil calefactores. El 19% de éstos se encuentran en el Gran Santiago y el resto en la zona rural, en donde -de acuerdo a una encuesta aplicada a diversas fami­lias- el tiempo de uso diario destina­do es de 9,8 horas.

Considerando lo anterior, se deter­minó que la contaminación generada por el 19% era de 7 gramos por hora, mientras que el 81% restante, es de­cir, la correspondiente a zonas rura­les, era de exactamente el doble. A modo de referencia, los calefactores a leña que se comercializan en el mer­cado, van de 1,6 a 7 gramos por hora.

El total de emisiones de MP2,5 era de 1.130 toneladas por año, lo que re­presenta un 17% de los contaminan­tes, muy lejano al 49% que manejaba el Gobierno.

“El plan de prevención y desconta­minación de la Región Metropolitana fue elaborado para reducir las emi­siones de MP10, pero ahora el pro­blema lo generan las MP2,5, pues se ha comprobado que causan un daño mayor en la salud de las per­sonas. Hasta que este plan no se ajuste a las fuentes contaminantes actuales, se están aplicando solu­ciones a una situación obsoleta y en­tiendo que el nuevo plan del Gobierno entrará en vigencia en 2016, pues se encuentra en etapa de estudio”, ex­plica Trinidad.

Para Gianni López, las medidas es­tructurales son las que han permiti­do mejorar el estado del aire y dismi­nuir los niveles. Estas son: sacar de circulación los buses de la locomo­ción pública más antiguos, reducir la dotación e implementarles mayor tecnología, como filtros.

En 1992 aparecen los vehículos con sello verde, lo que lleva a regular el mercado automotriz, limitando la emisión de partículas de los autos más antiguos. Hoy tenemos en el mercado cerca de 2 millones de au­tos y la polución no ha aumentado. Eso es porque los autos nuevos que ingresan son mucho más limpios que antes.

Debemos reconocer que el Ministerio de Transportes tiene un muy buen control sobre el mercado automotriz, lo que se da muy pocas veces en paí­ses en vías de desarrollo.

También se tomaron medidas res­trictivas con los calefactores. Anti­guamente estaban permitidas las chimeneas, luego se restringió su uso a solo aquellas con doble cáma­ra. Hoy todas están restringidas.

En cuanto al diésel, ENAP hizo una importante inversión para dismi­nuir el contenido de azufre presente en este hidrocarburo, pasando de 5 mil ppm a 3 mil ppm. En la actua­lidad, el máximo es 15. Además, para producir el que hoy se vende en Santiago, la empresa debió in­vertir cerca de US$700 millones en mejorar las refinerías.

Las industrias también están fuerte­mente reguladas. En Santiago, exis­ten alrededor de 15 mil que tienen chimenea, pero de ese total solo 100 son responsables del 80% de las emisiones.

En concreto, la emergencia ayuda mucho a descongestionar la ciudad del flujo vehicular, pero queda en evidencia que no influye en los nive­les diarios de contaminación.

El valor de prevenir

Es sabido que en el caso de las industrias, paralizar su normal funcionamiento en una alerta am­biental tiene un costo de aproxi­madamente US$8 millones diarios solo en la Región Metropolitana, y a nivel fiscal, este alcanza los US$100 millones.

Por lo anterior, todos los actores in­volucrados en la emisión de conta­minantes se muestran interesados en colaborar en la búsqueda de me­didas que ayuden de manera perma­nente a prevenir esta situación.

Al respecto, el presidente de ASI­MET, Juan Carlos Martínez, señaló a la prensa: “Acatamos y apoyamos la paralización de fuentes fijas de emisión, ya que la contaminación ambiental es un problema de salud pública que hay que enfrentar con urgencia y decisión. Sin embargo, en lo que respecta a nuestro sector, las emisiones han bajado de manera considerable, al menos en los últi­mos 28 meses, ya que nuestra ac­tividad productiva se encuentra en niveles mínimos”.

No olvidemos que la fiscalización a las empresas se ha realizado siste­máticamente por más de 25 años y es tiempo de renovar la política ambien­tal para ampliar y considerar en el lis­tado a los nuevos contaminantes.

Queda pendiente, la regulación de la calefacción a leña en zonas rura­les y el transporte de carga, junto a la emisión de compuestos orgá­nicos, como la evaporación de las gasolinas. Por otro lado, aún exis­ten fuentes de emisión que no han sido fiscalizadas como los más de 68 vertederos ilegales existentes en la Región y las 500 ferias libres que realizan quemas de desechos sin au­torización. También hay empresas que trabajan con pinturas y solven­tes, como lavasecos y serigrafía, que producen contaminantes que hasta hoy, se emiten sin fiscalización.

“Tiene que haber una política de lar­go plazo, por parte de los ministerios pertinentes, que fije metas y objeti­vos bien claros. El problema debiera ser abordado desde distintos focos y las soluciones implementadas de manera progresiva. Resulta clave incorporar el uso de combustibles más limpios. Abordar a corto plazo una situación de contaminación gra­ve siempre va a ser solo una medida paliativa”, asegura Trinidad Lecaros.

Tal como señala la economista del Instituto Libertad, está pendiente una coordinación entre los minis­terios y la preparación de estudios confiables que entreguen un diag­nóstico más certero y una política ambiental a largo plazo.

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