En medio de una crisis por los montos de las pensiones de jubilación, expertos de la industria debaten las razones que sustentan las bajas cifras y las medidas que se deben tomar para paliar la situación en el país.
Por Ana María Cuneo
A mediados de este año -a raíz del conocimiento público de los altos subsidios que reciben sectores como las Fuerzas Armadas y Gendarmería, en contraste con los montos que percibe el sector más vulnerable del país- volvió a ponerse en la palestra la discusión sobre el sistema de ahorro para la vejez, que actualmente se centra en 3 pilares: aporte patronal, ahorro individual y contribución estatal.
Desde entonces, el tema se ha tomado la pauta noticiosa nacional, surgiendo diversas visiones de la realidad y -por cierto posturas disímiles sobre la solución que se debe implementar para generar un sistema que permita recibir mayores ingresos al final de la vida laboral.
En este escenario, hay quienes culpan a las Administradoras de Fondos de Pensión (APFs) de los bajos montos, pero ¿son ellas realmente las responsables? Al respecto el Managing Director, Chief Investment Strategist Latin America & Iberia de BlackRock, Axel Christensen,
dice que “el resultado ha sido excepcionalmente bueno. Entregar un retorno de 8% en 36 años con retornos negativos limitados y sobrellevar la crisis financiera de 2008 es un fruto razonablemente positivo. Este punto es relevante sobre todo si se considera que en el monto final que obtiene una persona al momento de pensionarse, la rentabilidad significa 2/3 de su ingreso, mientras que el aporte individual alcanza a 1/3”.
En una línea similar, Carla Heap, Subgerente Previsional en la Consultora Previsional, Financiera y Tributaria, Alfredo Cruz y Cía., explica que el actual sistema previsional es uno de los pocos en el mundo que contempla una comisión fija de administración de fondos previsionales, en base a la renta imponible de los trabajadores.
“Otros consideran comisiones mucho más elevadas, incluso por saldos administrados, lo que encarece estos mecanismos de ahorro y por eso nuestro sistema también es muy estudiado en el mundo”, explica Heap.
Pero no todos los estudiosos del área concuerdan con esta visión. El Presidente de la Asociación de Consumidores ACUSA AFP, Ricardo Hormazábal, asegura que la renta calculada por las AFPs “no considera los costos ocultos que fueron incluidos en el artículo 45 bis de la Ley 3.500 en 2008, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, y que autoriza a esas instituciones a cargar a los fondos los gastos en que incurren para delegar la administración en la inversión, tanto en el exterior como en Chile”, montos que según el ex presidente de la Democracia Cristiana, equivalen a unos US$300 millones al año y un incremento de 50% en la comisión legal.
Independiente de los resultados, lo cierto es que la población está lejos de percibir esas cifras. El especialista de BlackRock explica que esta dicotomía se produce porque la gente no mira retornos, ve pensiones.En este sentido, según la Superintendencia del área, en diciembre de 2015 el monto promedio de un subsidio de vejez alcanzaba $181.806, lo que se explica porque inciden también otros factores.
“El problema es que más del 50% de los chilenos enfrenta una realidad laboral compleja: pasan de trabajar con contrato a recibir una renta a honorarios, lo que implica que su historia de contribuciones sea baja; escenario en el que es lógico que la pensión de vejez también siga esta línea”, dice el Presidente de la Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP), Rodrigo Pérez, quien agrega que “existen niveles de evasión del 19% y sub declaraciones que alcanzan al 10%”.
De hecho, desde la Consultora Alfredo Cruz y Cía. explican que según el diseño del sistema, si las personas fueran constantes en el ahorro previsional y cotizaran por el 10% real de todas sus rentas percibidas, efectivamente las pensiones llegarían al 70% del promedio de remuneraciones recibidas durante los últimos 10 años de vida laboral. En ese sentido, una de las principales falencias del Decreto de Ley 3.500, es que delegó la responsabilidad de educar a los afiliados a las AFPs.
“La educación previsional es clave para tomar una estrategia activa que permita a las personas construir una pensión desde que comienza su vida laboral. Si los trabajadores contaran con información oportuna y a temprana edad, las pensiones serían mejores porque tendrían conciencia respecto a la relevancia que toma el ahorro durante los primeros años”, explica Carla Heap.
A ello, se suma un número importante de trabajadores independientes que no cotizan y una compleja realidad laboral femenina en la que sus contribuciones se realizan por 15 años promedio para financiar otros 30, explica el representante gremial.
Este es precisamente otro de los ítems que explicarían los montos bajos, pues mientras los hombres pueden retirarse a los 65 años, la ley establece que las mujeres pueden dejar la vida laboral a contar de los 60, con una expectativa de vida de 90 años. “No tiene ninguna lógica matemática trabajar 2 décadas para financiar 3, por lo que aunque el retorno de la cotización sea importante, los números no alcanzan”, recalca Axel Christensen. “Hay solamente 3 países, de los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que mantienen una edad diferenciada de jubilación para ambos sexos. Esto perjudica a las mujeres, pues lo que ocurre es que termina empujándolas fuera del trabajo a los 60 años, con el incentivo de una pensión, cuando en realidad lo que ocurre es que terminan trabajando en un mundo más precario, con rentas menores, sin previsión y con una jubilación peor de la que podrían haber tenido. Entonces aquí Ricardo Hormazábal, Presidente ACUSA AFP. es donde uno se pregunta, ¿por qué?”, cuestiona Rodrigo Pérez.
Muchas propuestas
Si hay algo que genera consenso es que el mecanismo de pensiones en Chile está en crisis. Pero, ¿qué hacer para solucionar el problema? En 2006, durante su primer mandato, la Presidenta Michelle Bachelet recibió sugerencias de la denominada “Comisión Marcel”, compuesta por expertos precisamente para orientar el mecanismo que permitiera mejorar el sistema.
Como resultado de lo anterior, desde el 2008 se creó un pilar solidario para paliar los ingresos del grupo más vulnerable de la sociedad. En tanto, un segundo equipo de especialistas conformó la “Comisión Bravo”, que en 2015 presentó nuevas sugerencias a la Presidenta, entre ellas subir la edad de jubilación a los 67 años, además de equipararla entre hombres y mujeres. ¿Por qué no se han concretado los cambios? Para el Presidente de la Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP), Rodrigo Pérez, “lo que ha faltado es voluntad política y -en ese sentido- esperamos que se den los tiempos para hacer cosas que a veces son impopulares, pero necesarias”, recalca.
En cuanto a los mecanismos para perfeccionar -o reemplazar- el sistema, los expertos plantean visiones distintas, respecto de lo que el representante de las AFPs llama a tener cautela al concretar las propuestas planteadas ante la opinión pública, pues “el sistema tiene fortalezas importantes y ha contribuido al éxito del país en los últimos 35 años, y si bien es cierto que enfrentamos desafíos grandes, es importante que se haga de buena forma, pues equivocarse en el cómo se aborda puede tener consecuencias negativas” y agrega que “hay que cuidar que las medidas que se tomen vayan siempre en pos de un mejor ingreso. Por cierto, que tiene que haber mayor competencia, y hay temas como transparencia e información en que lo podemos hacer mejor, pero nunca perjudicando la rentabilidad y los intereses de los afiliados”.
En tanto, el Managing Director, Chief Investment Strategist Latin America & Iberia de BlackRock, Axel Christensen, comenta que una de las propuestas es implementar un sistema en el que las personas financien su pensión entre, por ejemplo, los 65 y 80 años, para que posteriormente opere un seguro financiado por todos. “De esta manera, más que fijar un auto financiamiento, es establecer la cantidad de años que se pueden costear con las cuentas individuales y a partir de qué edad podía operar un seguro para adultos mayores. Esta medida sería socialmente muy efectiva, porque -aunque quiera- una persona de alta edad no puede trabajar”, explica.
Por su parte, la encargada de capacitación en materias previsionales, financieras y tributarias de Consorcio, Bernardita Infante, considera que las AFPs tienen un rol preponderante en la mejora del sistema, parte del que tiene que ver con las altas comisiones que cobran en relación al aporte efectivo del mismo y no a su renta.
“Aun cuando una comisión indique que es el 1,5% de la renta, lo cierto es que el empleado no aporta su remuneración total a la cuenta de capitalización, sino el 10% de ella, lo que significa que la comisión es del 15% sobre ese monto. En este sentido, las AFPs tienen espacio aún para ajustarse”, asevera.
Más radical es el Presidente de ACUSA AFP, Ricardo Hormazábal, quien defiende un sistema de solidaridad intergeneracional que se base en el mayor aporte de los jóvenes en edad activa para que los adultos mayores puedan tener una mejor vejez. “En relación a esto, se presenta el problema de la demografía, para lo que se hace necesario subir el aporte o la edad de jubilación, que es como operan países desarrollados como Alemania”, asegura.
Rodrigo Pérez, Presidente de la Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP). No obstante, el sistema de reparto ha sido ampliamente criticado por los especialistas.
Mientras Rodrigo Pérez dice que “en Europa este tipo de financiamiento está quebrado”, Axel Christensen señala que “el problema de los sistemas de reparto es que son muy injustos”, pues si bien actualmente la proporción de pensionados es menor a la de los cotizantes, las estadísticas indican que en 2050 esa relación será 2 a 1. “Si en el mejor de los casos, trabajaran todas las personas en edad activa con respecto a 1 persona que se pensiona, se debería entregar el 50% del sueldo de cada uno para pagarle el subsidio a una persona”, dice.
El Presidente de ACUSA AFP también señala que “nuestra propuesta es incrementar la cotización en 10% gradual, comenzando por 5 puntos. Si ese porcentaje se empezara a aplicar hoy, no todo sería de cargo al empleador, porque al ser un gasto necesario para producir, el empresario lo puede descontar de impuestos y -por lo tanto- no es un valor neto, pues tiene un derivado. Por ende, no se producirían daños mayores”. Y explica que ese 5% significarían unos US$300 millones, con los que se puede financiar la pensión básica solidaria -que subsidia a los más pobres- y extenderla a todos los cotizantes.
“Eso implica que si hoydía los pensionados están recibiendo en promedio $190.000, con esta modalidad dicho monto subiría $93.000 de inmediato, lo que para muchos es casi un 100% de aumento. En el caso de la clase media, se comenzaría con el mismo monto y se sumaría el aporte proporcional a sus años de vida laboral activa y de su cotización”, recalca.
Más interrogantes
Conscientes de la necesidad del cambio, a fines del primer semestre, el Gobierno llamó a generar un gran acuerdo en materia de pensiones, hecho que si bien ha sido valorado transversalmente por la opinión pública, también suscita dudas por no hacer referencia concreta a la modalidad en que se realizaría. Una de las propuestas es el incremento de un 5% en la cotización obligatoria con cargo al empleador, pero, ¿hacia dónde irán esos montos? Aunque existen algunas luces respecto de que financiaría un fondo solidario, lo cierto es que al cierre de esa edición las interrogantes se mantenían.
Desde la Consultora Alfredo Cruz y Cía., señalan que “éste es un tema muy delicado, porque no es una medida que pueda incrementar las pensiones a largo plazo, sino que solo representa un parche a las actuales bajas pensiones. Una respuesta real sería incrementar la cotización obligatoria a un 15%, pero dirigido a la cuenta individual de cada trabajador. Lamentablemente se está llevando el tema con un ojo político que no es sano para nuestro sistema, que requiere medidas concretas y que se considere a todos los trabajadores, no solo a sectores más vulnerables”.
Más preguntas aparecen al considerar otra de las propuestas gubernamentales: la devolución de la comisión en caso de que el fondo resulte con rentabilidad negativa, lo que podría implicar un menor riesgo de inversión por parte de las administradoras. Además, “si una persona elige estar en un fondo riesgoso, ¿es razonable devolver la comisión?, ¿en qué período se medirá esta determinación?”, se pregunta Rodrigo Pérez, quien además puntualiza en que “cuando nos comparamos con otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nos damos cuenta de que en esas naciones se cotiza el 20%, entonces la pregunta es si estamos viviendo lo mismo o más. ¿Cómo puede ser que financiemos una pensión con un aporte que es un poco más de la mitad?, ¿le estamos dando la prioridad que realmente merece este tema? La respuesta es otra interrogante.
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