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Por Ana María Albornoz, Gerente General de Clínicas de Chile
La salud vive un momento complejo y de gran incertidumbre. En la esfera pública, hoy existen casi 1,6 millones de pacientes en lista de espera para ser atendidos por un especialista y 200.000 más que aguardan por una cirugía. Es decir, 1 de cada 10 chilenos no recibe la atención que merece.
Aunque muchos hubiésemos esperado una reforma concreta para dar solución a los problemas urgentes de la salud pública, los esfuerzos se han centrado en la discusión de una reforma al sector privado, cuyo objetivo inicial era transitar hacia un seguro público único en esta área. Ello ha generado incertidumbre no solo entre las Isapres, sino también en prestadores y médicos, principalmente porque nadie sabe a ciencia cierta su contenido y porque tampoco se ha tenido acceso a estudios técnicos que avalen los cambios que la autoridad pretende implementar.
En Clínicas de Chile, creemos que la solución a los grandes desafíos país en esta materia reside en centrar la preocupación en los pacientes y en expandir la complementariedad público-privada, para entregar una atención adecuada y oportuna a todos los chilenos.
Es necesario que las autoridades consideren a los prestadores privados como parte de una red de utilización pública -independiente si son o no afiliados a Isapres o Fonasa y si son atendidos en una clínica o un hospital- y como facilitadores en la búsqueda de esas soluciones, para así establecer acuerdos de largo plazo, que permitan el desarrollo de inversiones sustentables.
Junto a lo anterior, cualquier reforma debe, como condición básica, garantizar la libertad de elección de las personas. Los pacientes valoran atenderse con los profesionales y en los establecimientos de su confianza, y ese es un derecho que debe respetarse. Muestra de ello es que los prestadores privados atendemos a más de 8 millones de pacientes al año, lo que representa casi la mitad de todas las atenciones del sistema de salud, tanto público como privado.
Después de 2 años de discusiones, parece haber más interrogantes que certezas.
El sector privado de salud necesita, de manera urgente, definiciones por parte de la autoridad, quien debe entregar respuestas y las reglas claras del juego.
