Revista Valora Estrategias para tu Futuro
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Por Jaime Mañalich, Jefe del Depto. De Salud Pública y Epidemología, Facultad de Medicina, Universidad de Los Andes.
Paradojas. A pesar de que Chile se encuentra entre los países miembros de la OECD que menos gasto público tiene en salud, es la nación en la que este ítem ha crecido más vigorosamente entre este grupo de naciones. Y la presión por aumentarlo aún más es intensa y solo crecerá.
Lo anterior, debido al envejecimiento de la población, el establecimiento de prestaciones garantizadas a las que se tiene acceso sin copagos, nueva tecnología cuyo costo se debe amortizar, y el hecho indudable que existe una demanda no satisfecha, la que apenas existen posibilidades de atención, se traduce en un aumento explosivo del gasto.
Este curso es difícil de detener. En el sector público, se expresa en una creciente participación del componente “salud” en el presupuesto, y con gestos tales como que el Ministerio de Hacienda se vea presionado a cancelar la deuda hospitalaria del año 2015, contra una promesa incumplible de reducir la deuda corriente este año a no más del 3% de lo autorizado; o que, en el ajuste fiscal reciente, el Ministerio de Salud no fuera tocado.
Por su parte, en el sector privado, el mayor costo se traslada directamente a los precios, siendo el IPC de la salud permanentemente superior al IPC general. Que se pueda hacer este esfuerzo es loable y se alinea con las preferencias de la ciudadanía. Sin embargo, hay preguntas que formular: ¿Hay terreno para aumentar la eficiencia del gasto? Indudable.
Solo por mencionar algunas medidas, se podrían dejar de hacer cirugías que no producen ningún beneficio; acortar los días que pasan innecesariamente en el hospital; focalizarse en la seguridad del cuidado clínico, pues entre el 20% y el 30% del gasto en hospitales deriva de condiciones que se adquieren durante la estadía, siendo lo más relevante las infecciones.
¿Debe el financiamiento de las atenciones de salud seguir en el mismo paquete que el de las licencias médicas? Categóricamente NO. El fraude sistemático en el otorgamiento de permisos por enfermedad es una sangría de recursos que deben estar disponibles para atenciones. Se estima que el monto de este mal uso podría equivaler al costo de un nuevo gran hospital cada año para el país.
