Chile tiene el dudoso honor de ser el país de la región, junto a Brasil y Uruguay, con mayor número de personas en prisión. A eso debemos sumar que la reincidencia es de, aproximadamente, el 50%, lo que significa que 1 de cada 2 reos vuelve a delinquir.
Ese es el motivo de que cada vez más organizaciones sociales y empresas estén fomentando talleres y programas de capacitaciones, ya que para lograr una reinserción real de los presos es clave insertarlos correctamente en el mundo laboral.
Pero, ¿En qué consisten estas iniciativas y programas? ¿Cuáles han sido los resultados hasta la fecha? ¿Qué se necesita para seguir mejorando?
La importancia de la prevención
Según un estudio elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, el 79% de los hijos cuya madre cayó presa vivía con ella en el momento de ser detenida.
Eso sumado a que uno de cada cuatro internos en la cárcel han tenido un padre o una madre en prisión y casi la mitad a un adulto cercano.
Por eso, la labor de la Fundación San Carlos de Maipo, que impulsa políticas públicas para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, se torna imprescindible.
Su gerente, Marcelo Sánchez, nos explica cómo más de la mitad de las mujeres tienen riesgo de volver a reincidir antes de los 6 meses, al no contar con un trabajo estable para reinsertarse y poder cubrir así sus necesidades económicas.
“Estos programas han demostrado reducir la probabilidad de reincidencia, pero la mayor dificultad al acceder a un trabajo sigue siendo tener antecedentes registrados al término de la condena.
Sin embargo, las mujeres que se encuentran recluidas han reflejado menores niveles de violencia que viviendo en libertad. Dentro de los recintos han comenzado a sentir un espacio de oportunidades que antes les fue negado, donde comienzan a estudiar, aprenden un oficio, encuentran apoyo.”, añade el experto.
Por esta razón, la Fundación ha implementado diversos proyectos piloto, como las “Redes de Apoyo para la Integración Femenina” (R.A.I.F.), que vincula a las mujeres que cumplen condena con cerca de 30 redes.
Desarrollan planes de inserción que incluyen la habilitación de derechos, beneficios sociales, eliminación de antecedentes, reunificación familiar, entre otros.
Afirman cómo es fundamental que la mujer se reconozca como ciudadana, recupere su autoestima y aprenda estrategias para evitar la reincidencia.
Fomentando la reinserción laboral
Según los últimos datos arrojados, de las alrededor de cincuenta mil personas privadas de libertad que existen en el país, apenas un 30% de ellas se dedica a alguna actividad laboral, siendo las principales la artesanía, los servicios de mantención con remuneración económica y los ofrecidos por los talleres del Centro de Educación y Trabajo (CET).
En total son 27 empresas las que ofrecen algún tipo de capacitación, talleres u ofertas de empleo. Uno de los casos más destacados es Sodimac, que posee dos alianzas estratégicas con emprendimientos sociales (Espacio Mandela y Lalen), permitiendo a las personas tener un oficio y un ingreso estables para mantenerse y poder reinsertarse al acabar la condena.
“En el caso de Espacio Mandela, les ayudamos a desarrollar unas mesas de madera plegable que empezamos a vender en enero y ahora estamos con una nueva partida de productos. También apoyamos a los emprendedores de Lalen, quienes diseñaron una línea de cojines inspirados en la naturaleza de Chile que se comercializan en nuestras tiendas Homy”, nos cuenta su gerente de sostenibilidad, Juan Carlos Corvalán.
Otro caso es Starco, la empresa líder en recolección de residuos en Chile, que desde que comenzó este proyecto han empleado a más de 76 personas en cargos como jardinero, barrendero o auxiliar. “Todos tienen contrato indefinido, lo que les da estabilidad laboral y nuevos desafíos. Una de las personas más antiguas lleva más de 3 años realizando labores en nuestra organización”, afirma su gerente general, José Luis Navajas.
Hacia un Chile más inclusivo
Este año se dio a conocer el proyecto “Ciudadela: La fortaleza de las delicias”, la primera cafetería en Chile, ubicada en Talca, con productos preparados en su totalidad por presos (iniciativa que, si sale bien, se esperará replicar al resto del país). Como vemos, este es solo uno de los cientos de ejemplos de que si realmente se quieren cambiar las cosas, se puede hacer.
En esa línea habló Carlos Pino, jefe de personas de Instelecsa (empresa de instalaciones eléctricas que capacitan y ofrecen oportunidades reales de trabajo a ex presidiarios), quien nos confesó que estos proyectos deberían ser algo natural en todas las compañías y que tendremos que esperar a llegar a la obligatoriedad, como con la ley de inserción de personas en situación de discapacidad.
“El Estado debe colaborar con la visibilidad de estas personas, con los procesos de omisión de antecedentes penales (principal causa de no contratación por parte de las empresas) y apoyar programas de capacitación en oficios que tengan una proyección laboral dependiente para que la persona, además de un sueldo fijo mensual, pueda cotizar para su futura pensión”, agregó el gerente.
En definitiva, de los $724 mil pesos que cuesta mensualmente mantener a un preso, las autoridades deberían comenzar a mejorar la cobertura de programas laborales, la infraestructura de los talleres y generar más alianzas con empresas. Además de incentivar la contratación de antiguos presidiarios, ya que hoy apenas un 30,4% de los que deja la cárcel accede a un trabajo. Y es que, como para todo, la única manera de reinserción es generar oportunidades.
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