Revista Valora Estrategias para tu Futuro
Artículos Relacionados
Los esfuerzos del Gobierno por entregar respuestas efectivas tardan más de la cuenta en llegar y ni la mediática Ley Ricarte Soto ha logrado aplacar los ánimos, pues muchos critican que presenta errores de diseño. La ciudadanía se cansó de pagar caro por un servicio que opera de manera ineficiente pero, ¿existen esperanzas de un cambio real?
Por Virginia Lira Videla
No se requiere de ninguna habilidad especial para comprender que nuestro actual sistema de salud presenta problemas, a la postre, evidentes e insostenibles.
La crisis estructural de este régimen, que ya ha sido percibida por la ciudadanía, se hace evidente con el aumento de las listas de espera en hospitales públicos y retrasos en la respuesta hospitalaria.
Hace algunos días, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, el diputado Juan Luis Castro, hizo un llamado concreto a la máxima autoridad de Hacienda: “es urgente que el Ministerio acoja las peticiones de remesas pendientes, para inyectar $90 mil millones, que son necesarios para sacar a flote al sistema de salud y lograr mejorar la eficiencia en la gestión y así absorber los miles de pacientes que están en espera y normalizar el equilibrio financiero de los hospitales, que no pueden estar asfixiados por una deuda que los sobrepasa”.
Y es que enumerar la larga lista de falencias del sistema es una tarea complicada, porque son muchos y todos de un alto costo financiero.
Pero de acuerdo a la visión del Dr. Manuel Inostroza, quien fue Superintendente de Salud durante 3 periodos presidenciales y actualmente se desempeña como miembro consultivo, nombrado por la Presidenta Michelle Bachelet, en el Consejo Asesor del Ministerio y Jefe de Campos Clínicos, más que recursos financieros, se hace imprescindible atacar el problema de ineficiencia en la gestión, lo que encarece todo este intrincado aparataje.
El experto, que además es Director del Magister en Salud Pública del Instituto de la Universidad Andrés Bello (UNAB), se detiene a analizar tan solo una de las numerosas aristas que requiere una reforma estructural: el costo de los tratamientos asociados a enfermedades infecciosas, consideradas “raras” y que quedan fuera del AUGE.
Al respecto, el facultativo asegura que “históricamente nuestro sistema de salud ha tenido una cobertura de medicamentos ambulatorios bastante acotada. Está garantizada una canasta básica de remedios de atención primaria, que son gratuitos, y también los del servicio hospitalario, al que accede la mayor parte de la población. Sin embargo, para la clase media se exige un copago que va del 10% al 20%, dependiendo de su clasificación por grupo C o D en FONASA. Esta definición es la que utilizan las Isapres como piso de cobertura, en su modalidad Libre Elección, que es mucho más restrictivo en el listado de prestaciones que la modalidad institucional”.
Esta estructura no contempla una cobertura de medicamentos ambulatorios, como si lo hacen las de países más liberales como Estados Unidos. Un dato a considerar: España gasta el 25% de su presupuesto público en la cobertura de medicamentos, mientras que en Chile esta cifra no supera el 7% u 8%.
Esto tiene un lado positivo y otro negativo. El primero, es que existe un potencial enorme para crecer y extender las coberturas. Sin embargo, hoy en día el gasto familiar en ítem medicamentos, alcanza cerca de un 50% del presupuesto total en salud.
Un fragmento del problema
El Dr. Patricio Ibáñez es un reconocido médico internista, especialista en gastroenterología de la Clínica Las Condes, quien ha dedicado su carrera a tratar casos de Enfermedades Infecciosas Intestinales (EII), como son la colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.
“Estas 2 patologías inflamatorias crónicas afectan de manera importante la calidad de vida de los pacientes. Los síntomas que padecen muchas veces los limitan en sus actividades habituales, obligándolos a aislarse y ausentarse de sus clases o trabajo, así como también perderse eventos sociales y familiares. Una segunda dificultad es llegar a un diagnóstico correcto. Muchas veces pasan meses antes de dar con el tratamiento efectivo que les permita recuperarse y retomar su vida normal”, explica el Dr. Ibáñez.
Respecto a esto último, el Dr. Ibáñez señala que para algunas terapias, los pacientes pueden recurrir al sistema público, pero en el caso de los tratamientos biológicos, los afiliados de FONASA no cuentan con cobertura de manera general. “Hay pacientes que utilizan este fondo como previsión, pero no están dispuestos a atenderse en los hospitales públicos, por lo que no tienen cómo cubrir los costos de sus tratamientos”, afirma el médico de la Clínica Las Condes.
Las patologías que contempla elAUGE son de alto costo y también frecuencia. Es así como están considerados los tratamientos para la diabetes, la triterapia del SIDA, la depresión ambulatoria y la hipertensión, entre otros. Incluir los medicamentos para combatir estas patologías fue una solución que ayudó al bolsillo de la clase media, pero la medida sigue siendo insuficiente. Hay enfermedades de baja frecuencia y tan alto costo que no son prioritarias para el sistema de salud. La solución que encontraron algunos pacientes del Dr. Ibáñez fue importar sus remedios.
“Muchos medicamentos que en Chile alcanzan los $100 mil, en España o Argentina pueden conseguirse por $20 mil”, indica el médico.
Otra opción es agruparse en fundaciones de ayuda, en las que se desarrollan actividades para reunir fondos o se construyen redes de apoyo, de tal forma que puedan solventar los costos las patologías de sus asociados.
El Dr. Patricio Ibáñez comenta que la mayoría de las enfermedades de tratamientos permanentes significan un gasto que fácilmente llega a un millón de pesos mensual, cifra que para un trabajador de ingresos medios representa una carga difícil de solventar.
El Ministerio de Salud es el organismo que debe decidir cuáles son los fármacos que quedan fuera o dentro del AUGE, y si bien está asesorado por un Consejo Consultivo, la decisión política siempre la termina tomando dicha cartera.
Para solventar -a nivel nacional- el costo de los remedios, los países desarrollados utilizan seguros catastróficos o planes de medicamentos de cobertura general, pero Chile no los tiene, por lo tanto, se requieren estructuras de financiamiento adicionales
para cubrirlo. La pregunta que surge entonces es, ¿por qué son tan caros en nuestro país?
“Dentro de la lentitud de la gestión, dejamos un déficit regulatorio importante. Nuestra velocidad para adecuación de leyes es mucho más lenta que el mercado, y el negocio farmacéutico busca aprovechar esos espacios. Tampoco tenemos una regulación disuasiva. Los escándalos por colusión de farmacias concluyeron con clases de ética para los ejecutivos involucrados.
Es decir, sigue siendo más barato coludirse y pagar las multas que mantenerse alejado de ese tipo de tentaciones”, afirma el Dr. Manuel Inostroza.
Recordemos también que el lobby de las farmacéuticas apunta a parlamentarios y funcionarios claves del sistema de salud. El problema es que ya no queda mucho para que la molestia se transforme en crisis”.
Por último, no hay que perder de vista el factor político, que exige a los gobiernos de turno cumplir con las cuotas políticas de cada partido, ubicando en cargos de Alta Dirección Pública a funcionarios que no tienen las competencias adecuadas para realizar una buena gestión. Como asegura el Dr. Inostroza: “se puede construir un magnífico hospital, pero hay que saber administrarlo”.
Discrepancias a la Ley Ricarte Soto
Uno de los principales logros de la administración Bachelet, que fue anunciado de manera destacada durante el discurso del 21 de Mayo, es el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, que nació como iniciativa de la ley impulsada por el conocido periodista Ricarte Soto, quien murió de cáncer pulmonar en 2013.
Pero en el desarrollo del proyecto, ésta recibió numerosas críticas pues se reconoce que presenta debilidad en 3 aspectos.
- ¿Quién decide qué patologías ingresan al listado oficial de enfermedades de alto costo? y luego, ¿qué medicamentos serán cubiertos? Muchas voces expertas han indicado que Chile debería avanzar hacia la creación de un Instituto Nacional de Excelencia Clínica (NICE, en inglés). Éste es una suerte de institución pública autónoma, que se correlaciona con el mundo civil y el Ministerio de Salud, y que discute técnicamente aportando evidencia científica sobre las patologías y medicamentos que debieran ser cubiertos por los planes de salud.
Si el NICE aprueba una patología y su tratamiento, el Estado debiera estar obligado a financiarlo. De esa manera, queda ajena a la inclusión de determinados medicamentos cualquier tipo de presión externa, porque debe cumplir numerosos protocolos muy bien establecidos.
- Se invierten en Chile aproximadamente US$100 millones al año en investigación científica asociada a protocolos, pues el estándar nacional de medicina es bastante alto. Por ello, muchos laboratorios internacionales vienen a probar sus medicamentos, porque si son validados en nuestro país, tendrán cierto respeto científico en otras naciones. Esto se conoce como estudios multicéntricos. Sin embargo, se exige que los laboratorios que hacen investigaciones científicas asuman la responsabilidad si algún paciente experimenta efectos adversos al utilizar el fármaco en cuestión, lo que desincentivaría la investigación científica.
- Por último, las expectativas de la ciudadanía son muy altas para un proyecto con un punto de partida muy bajo y que propone una gradualidad muy a largo plazo. La propuesta indicaba que cubriría las 17 patologías que ya están consideradas y que en eso se gastarían cerca de $17 mil millones. Pero, ¿cuántas son las enfermedades a considerar?
Las cifras pueden ser algo desalentadoras, ya que en el mundo existen cerca de seis mil patologías. Si consideramos ese dato, y por otro lado entendemos cómo operará esta ley, la que durante el primer año hará es una pequeña mejora de lo que existe y -gradualmente- incorporará más recursos, para llegar a $100 mil millones de inversión, se entiende y justifica el descontento generalizado que existe actualmente en la ciudadanía.
De los miles de enfermos que existen en Chile, solo se apoya a aquellos afectados de 17 patologías de baja frecuencia. Este número promete incrementarse a 40, pero ¿qué ocurre con las cientos de otras afecciones que hoy no se consideran y que provocan un desequilibrio económico en el hogar de quienes las padecen?
En base a las políticas tomadas hasta ahora, no queda más que seguir esperando y buscar maneras alternativas de vivir con ellas, porque la lista de espera se aplica también en este aspecto del sistema de salud.
